Un caso que sacude a Sierras Chicas y que cobró notoriedad recientemente fue la usurpación de una vivienda de una comunidad de pueblos originarios en la zona de Candonga.
Tras diversas acciones legales, el bien fue restituido pero el conflicto, que ya suma 10 años de denuncias de todo tipo, está lejos de resolverse.
Al respecto conversamos con el doctor Alejandro Brussa, representante de la Comunidad Pluma Blanca:
«La Comunidad Pluma Blanca, de la Nación Comechingón, ubicada en Camino a Candonga, hace más de una década que viene sufriendo violencia sobre su territorio, violencia que ha ido desde amenazas verbales, hasta disparos con armas de fuego marcando las paredes de las familias que habita esta comunidad, se ha producido un abuso sexual y un secuestro, reo que en el año 2015 de una niña menor de edad, hija del Nawan, señor Carlos López, a quién abordaron, subieron a un vehículo y la arrojaron luego a un acantilado con lesiones leves. Hubo usurpaciones permanentes en una de las casas que está dentro del territorio. Justamente el mes pasado yo fui testigo de la última de ellas cuando me encontraba en el territorio recopilando información. Lo que hay que señalar es que todas estas denuncias están archivadas e la Fiscalía de Jesús María donde el fiscal no ha avanzado en ninguna de las denuncias, ni siquiera en las de abusos sexuales sin ninguna investigación a la vista.
Los sujetos que trabajan en esto son vecinos de la Comunidad y trabajan en relación de dependencia de un empresario que pretende las tierras. Consideramos que no son hechos aislados sino a un entramado de tipo mafioso para amedrentar y desanimar a las personas que vienen resistiendo».
Durante Enero fue noticia la ocupación de una vivienda en la zona: «El mes pasado usurparon la casa, yo justo estaba ahí, nos acercamos y esta gente nos manifestó que venían enviados por alguién. De inmediato tomamos acción al respecto a través de una denuncia del Centro de Acceso a la Justicia, a través del Inai que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y numerosos uncionarios y medios alternativos gracias a los cuales hemos visibilizado la situación y sacarla del cajón de la Fiscalía y por eso el sujeto que usurpó me llamó un domingo y se retiró. Ahora estamos trabajando sobre esta red delictiva que viene operando desde hace más de diez años en el lugar. Queremos que la Fiscalía no archive la causa con la retirada de esta persona sino que avance y encuentre la verdadera causa de estos problemas que es un poderoso empresario que tiene interés en apoderarse del territorio ancestral»
El problema es más amplio y tendrá nuevos capítulos judiciales en breve: «Hay una orden de desalojo que se frenó por la Pandemia y estamos trabajando para que ese territorio sea comprendido dentro de la ley sobre posesión y ocupación de tierras ancestrales que frena los desalojos, dando un plazo de 4 años para que el Estado realice los estudios necesarios»
Los temas de usurpación deben resolverse por las vías de hecho conforne a la legítima defensa; todo como consecuencia de un Estado ausente, una Justicia incompetente y un Gobierno garantista con el delincuente.