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Ambientalistas rechazan autorización judicial para construir un country en Candonga

Tras el fallo judicial aprobando el avance de ciertos desarrollos en zonas rojas, la mesa de Agua y Ambiente emitió el siguiente comunicado:



La Mesa de Agua y Ambiente de La Granja repudia la reciente decisión de la justicia cordobesa de accionar en favor de desarrollistas que insisten con instalar un proyecto urbano en plena zona roja en Las Sierras Chicas – el “country” Ticupil en la localidad de montaña de Candonga.

Es con asombro que observamos que las instituciones provinciales, tanto la justicia como el gobierno, persisten en complacer los intereses inmobiliarios a pesar de una flagrante desobediencia de las leyes y el riesgo de contaminar y disminuir la fuente de agua de los pueblos cercanos de Agua de Oro, Villa Cerro Azul y El Manzano.

Respecto del marco legal, la Ley Nacional 26331 de presupuestos mínimos, establece que para autorizar desmontes en zonas amarillas o rojas se debe presentar Evaluación de Impacto Ambiental. En el ámbito provincial, la Ley 10208 en su anexo 1 refiere a cuáles son los proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública. En el inciso 46 de dicho anexo, se especifica que ambos deben realizarse cuando las obras a ejecutar se encuentren dentro o en área contigua a bienes de valor arqueológico o histórico cultural (patrimonio cultural), en este caso, la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Candonga declarada Monumento Histórico Nacional en 1941.

El proyecto de construcción de esta conglomeración urbanística de 150 hectáreas y casi 300 lotes amenazará un monumento histórico de valor nacional y el desmonte de bosque nativo, pondrá en riesgo los servicios ecosistémicos al atentar contra la seguridad de la cuenca del Rio Carnero que aguas abajo comprende las áreas urbanas y productivas de la zona de Colonia Caroya. Brillan por su ausencia un estudio de impacto ambiental seguido por su audiencia pública pertinente.

Una medida cautelar dictada en octubre 2017 que prohibía el avance de las obras de energía para el loteo, fue levantada al final de diciembre.

PREGUNTAMOS
¿PROGRESO es facilitar los proyectos de los pudientes en contra del bienestar de comunidades enteras y contra la ley misma?

¿PROGRESO es ir ciegamente – y sin considerar avances mundiales – en la misma dirección que ha llevado a este mundo a la catástrofe sin respeto para lo que queda de un ambiente que debe protegernos?
¿PROGRESO es mantener un sistema de ambigüedad que incluye la justicia donde decisiones anteriores están constantemente revertidas a pesar de la existencia de las leyes y en lo cual los gobernantes nos manipulan con un doble discurso?

¿PROGRESO es una falta de una política de estado leal y duradera cuya consecuencia es un pueblo indefenso y desprotegido?

¿PROGRESO es establecer precedentes que abren la puerta a una aceleración de la expansión urbana descontrolada en una región que sufre una constante inseguridad hídrica?

¿PROGRESO es ir cada vez más lejos en búsqueda de recursos para abastecer a zonas urbanas mal manejadas por ceder a las demandas de intereses minoritarios? 07.02.18



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